Una vez concluido el proyecto os hacemos llegar las conclusiones obtenidas tras la ejecución del mismo:

• La Ordenación Cinegética afecta al 82,81% de la superficie de España agrupada en más de 31.539 espacios cinegéticos en la actualidad, sobre los que interaccionan 1.037.629 cazadores. En consecuencia, su gestión y control es vital de cara a la conservación del medio natural y de la biodiversidad por parte del Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas.

• Hasta la publicación de la Guía Metodológica para proyectos y planes técnicos de caza, no había publicaciones técnicas de referencia en materia de Ordenación Cinegética en España, adaptadas a la normativa actual y que sirvieran de referencia para profesores de universidad, alumnos, profesionales en el ejercicio libre de la profesión y técnicos funcionarios de las Comunidades Autónomas.

• Los Proyectos de Ordenación Cinegética o Planes Técnicos (POC) son la única herramienta de gestión y control de la actividad cinegética por parte del órgano competente de cada Comunidad Autónoma, para garantizar la sostenibilidad del aprovechamiento cinegético así la conservación del medio natural y de la biodiversidad.

• Actualmente, los POC están siendo aprobados sin rigor técnico alguno por los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma, incluso en el peor de los casos, se han visto reducidos a Memorias de datos, la mayor parte de ellos inventados y no sujetos a inventarios bien ejecutados.

• Las resoluciones aprobatorias de los POC por parte de los órganos competentes de cada Comunidad Autónoma no están sujetas a un criterio único y homogéneo por Comunidad Autónoma, incluso muchas veces son dispares entre varias provincias de la misma.

• El público asistente a las presentaciones en las universidades, formado por alumnos y egresados, profesores, profesionales y asociaciones ecologistas, entre otros, denunció que en algunas provincias los POC estén monopolizados por varios técnicos o despachos de consultoría, y que en consecuencia, los funcionarios ponen muchos impedimentos a los POC presentados por otros profesionales. Este problema viene derivado de la anterior conclusión.

• El coste de redacción de un POC es proporcional al grado de rigor que exige la Comunidad Autónoma. Precisamente en las provincias en las que se denunció la situación anterior, el coste era prácticamente irrisorio, entre 150 a 200 €, que no supera ni el coste de un día de campo, mientras que en aquellas donde había un mayor rigor técnico por parte del funcionario, llegaban a una media de 600 – 1.000 €, en todo caso, una cifra irrisoria para poder redactar un proyecto de forma correcta. En conclusión, el nivel de rigor técnico es proporcional al precio del Plan y a la objetividad del funcionario responsable de aprobarlos.

• Los responsables de los órganos competentes en cada Comunidad Autónoma y asistentes a las presentaciones, denuncian la carencia de funcionarios suficientes para comprobar y resolver estos POC, por lo que se ven obligados a dar por válido lo que presenta el técnico sin realizar análisis técnico alguno del mismo. De hecho, hay alguna provincia en la que un solo funcionario debe controlar anualmente 600 cotos e, inclusive, en algunas de ellas no está cubierta la plaza y no hay técnico.

• Los POC presentados actualmente presentan muchos defectos de forma en su estructura y errores de cálculo (en nociones de Ordenación, Caza, Derecho, Economía, modelos matemáticos, etc), debido a que los realizan en muchos casos técnicos que no son competentes en estas materias dentro de sus correspondientes planes de estudios en la Universidad. Como decía un ingeniero recién egresado: “todas las titulaciones valen porque todo cuela”.

• Esta situación se solventaría con la publicación de unas Instrucciones Generales de Ordenación Cinegética similares a las que se utilizan para montes y el establecimiento de unos requisitos competenciales mínimos con respecto a los planes de estudio en la Universidad similares a los que se utilizan, por ejemplo, en edificación.

• Las Comunidades Autónomas no están invirtiendo en la formación e información de los 31.539 titulares y el millón de cazadores existentes en la actualidad (1.037.629 licencias de caza en España).